Sánchez pacta en secreto con ERC y Junts una ley de amnistía a cambio de su apoyo para ser investido

Pedro Sánchez ha dado este jueves un paso definitivo con ERC y Junts de cara a su investidura. El acuerdo firmado por el presidente en funciones con los separatistas para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso supone ya un anticipo definitivo de su permanencia en La Moncloa. Sánchez avanza en su investidura a cambio de comprometer en secreto su apoyo a tramitar una ley de amnistía. El pacto con el independentismo es que la nueva Mesa del Congreso, de mayoría de izquierdas, no bloqueará la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, como ocurrió hace dos años, cuando fue rechazada por inconstitucional. La cesión de Sánchez se une a otras tantas, como los indultos a los condenados del procés.

Tras una larga noche de negociaciones casi agónica, Sánchez ha escrito una nueva página de su Manual de Resistencia, dejando la puerta abierta a ser investido por tercera vez antes de que acabe el año. Los partidos independentistas se han afanado en matizar que el acuerdo alcanzado para la elección de Armengol no tiene nada que ver con la futura investidura de Sánchez.

El ex presidente prófugo en Bruselas, Carles Puigdemont, ha asegurado en sus redes sociales:  «Para JuntsXCat, el acuerdo para formar la Mesa del Congreso no iba de cargos a la Mesa ni de Presidencias de comisiones, que es lo que habitualmente figura en este tipo de acuerdos.Ni podía ir, en modo alguno, vinculado a la investidura. No nos van a mover promesas o voluntades políticas sin garantías de cumplimiento de quien no nos genera ninguna confianza. No sé si esa distancia se acortará o no. Pero si llegan acuerdos futuros, será porque llevan incorporado su cumplimiento de forma comprobable. Como ha sido el caso. A algunos les parecerá demasiado, ya otros les parecerá poco. Es una negociación por la mesa del Congreso. La investidura está exactamente donde estaba al día siguiente de las elecciones».

Sin embargo, la clave está en que el acuerdo secreto incluye una de sus grandes reivindicaciones: la amnistía que, según los cálculos del separatismo, beneficiará a más de 4.000 «represaliados» en las distintas causas vinculadas al referéndum ilegal.

A partir de este jueves, con una Mesa favorable a los intereses de la izquierda y del separatismo, a Pedro Sánchez no le quedará más que empezar a tramitar los pagos comprometidos a ERC y Junts. El PSOE, además, se ha comprometido a impulsar el catalán como lengua oficial en el Congreso y en las instituciones europeas y  a la creación de comisiones parlamentarias, sobre el espionaje con Pegasus y los atentados del 17 de agosto en Barcelona de los que hoy se cumplen seis años. Queda por ver si en las próximas semanas el separatismo pondrá nuevas exigencias sobre la mesa.

«Hechos comprobables»

Este miércoles, Puigdemont había amenazado con poner en riesgo la Presidencia del Congreso para el PSOE. En un mensaje en sus redes sociales, el ex presidente catalán prófugo en Bruselas advertía: «Hacen falta hechos comprobables antes de comprometer ningún voto». Antes de la decisión de Junts, el bloque de la izquierda y la derecha estaban empatados a 171 votos. 

«Los puntos cardinales de nuestra posición no han variado, por más presiones y carreras de última hora que haya, y algún insulto que se les descontrola. Es decir, no tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas ni nos calientan ni nos enfrían», avisaba Puigdemont. Junts decidió su voto unos minutos antes de la sesión en el Congreso, tras alcanzar un principio de acuerdo con el PSOE.

El «hecho comprobable» que ha permitido desencallar las negociaciones es que, a primera hora de la mañana -en concreto, a las 8:18 horas- el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha registrado una petición ante el Consejo Europeo para impulsar el uso del catalán en la UE. 

Ese documento era necesario para que Puigdemont diese su visto bueno a apoyar al PSOE. La petición, en caso de aprobarse, supondrá que el euskera, el catalán y el gallego sean lenguas cooficiales de la Unión Europea y, por tanto, se podrán usar en el Parlamento Europeo, los representantes políticos podrán dirigirse en ese idioma a las instituciones comunitarias y los documentos oficiales serán traducidos también a estas lenguas. Además, el PSOE impulsará una modificación del Reglamento del Congreso para que también se puedan usar en el Pleno. Entre las cuestiones pendientes está la polémica quita de la deuda -un asunto que genera rechazo entre los propios barones socialistas-, la transferencia de la red de Cercanías de Renfe o el traspaso del aeropuerto de Barcelona.